Protocolo unificado de los ministerios públicos de la República Argentina. Guía para el levantamiento y conservación de la evidencia. Los ministerios públicos del país, a través del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se han dado a la ambiciosa  tarea de profundizar el proyecto federal de creación e instalación de Laboratorios Regionales Forenses de Alta Complejidad, a partir de la incorporación de sofisticadas tecnologías y de constante capacitación a sus técnicos. La incorporación de nuevos recursos tecnológicos en los laboratorios obliga a contar con protocolos de actuación que orienten al resto de los operadores del sistema de justicia penal a trabajar en forma mancomunada y sistemática, evitando errores que puedan comprometer la validez de las actuaciones. Conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los consejos han encarado ese objetivo, protocolizando prácticas de levantamiento y procesamiento de muestras que, luego, serán objeto de análisis en los laboratorios y el sustento material indiciario para la acusación y el juicio. Ello es imperativo a los fines de brindar investigaciones serias y eficaces, que contribuyan a una justicia de más alta calidad. Para ello se ha convocado a los directores de los laboratorios que integran la Red Forense, en aras de consensuar criterios comunes para el levantamiento de rastros y evidencias. El resultado de ese trabajo conjunto, que expresa el sentido federal del programa de los laboratorios regionales, ha sido debidamente considerado y fue objeto de una valoración satisfactoria; por ello los consejos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han resuelto aprobarlo formalmente mediante la suscripción del presente documento. Guía para el levantamiento y conservación de la evidencia

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Validamos un Protocolo Unificado en materia de Investigación Criminal junto con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Público de la República Argentina. (Fuente: Newsletter Nº 4 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación). Por primera vez todos los fiscales de la Argentina se pusieron de acuerdo sobre los criterios de recolección, transporte y custodia de las evidencias que requiere el proceso penal, así como el conocimiento técnico y científico necesario para su estudio. El Ministerio de Justicia y DDHH impulsó este acuerdo y confecciono una base de datos sobre los laboratorios, con sus capacidades instaladas y la forma de procesamiento de la evidencia detalladas, accesible como app desde cualquier celular. “Es una deuda histórica que se tenía con la investigación criminal”, expresó el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benitez.  Durante la reunión de trabajo que contó con la participación de 23 procuradores generales de todo el país, Garavano también reafirmó el compromiso de la cartera de Justicia para el fortalecimiento de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense, a partir de la firma de la extensión de un acuerdo junto a al presidente del Consejo de Procuradores Mario Bongianino, y el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Pablo López Viñals.  A través del acuerdo, el Ministerio destinará 50 millones de pesos para la incorporación de nuevas tecnologías, equipos y software con el fin de optimizar la investigación criminal y facilitar el rápido esclarecimiento de hechos delictivos. Fuente: Newsletter Nº 4 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina mantuvieron en Tucumán un encuentro con el Gobernador, miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo. El fin de la reunión fue tratar los temas vinculados al funcionamiento y situación actual del Ministerio Público Fiscal de la Provincia. El presidente de la institución, Mario Bongianino, explicó que en la reunión con Manzur dialogaron sobre el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal de la provincia”, a partir de la sanción de la Ley 8983. La normativa promoverá que el organismo encargado de la persecución penal trabaje de manera más eficiente, según lo explicó el funcionario: “No solo hay que hacer esta Ley, sino que hay que dotar de los recursos necesarios a los ministerios públicos para que puedan perseguir el delito, un fenómeno cada día más complejo que requiere que la estructuras estatales se modernicen”. “El Gobernador Manzur impulsó la Ley, por lo tanto es un primer paso; está en la línea de modernizar la Justicia tucumana dándole la autonomía necesaria al Ministerio Público como para que pueda trabajar modernamente”, “En materia legislativa Tucumán se ha puesto a tono con el avance en el fortalecimiento del Ministerio Público, una disposición que se está dando en casi todas las provincias argentinas”, destacó Bongianino.   “La Ley del Ministerio Público fortalece la Justicia”. El Gobernador, Juan Manzur, explicó que la nueva normativa del Ministerio Público Fiscal, que modifica a la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley n°6238) está vigente en muchas provincias de la Argentina y fortalece el trabajo de la justicia. “El fin de la reunión fue analizar el trabajo que viene realizando la Legislatura en materia de seguridad y de tratar temáticas vinculadas al funcionamiento y situación actual del Ministerio Público Fiscal de la Provincia” afirmó el Vicegobernador, Osvaldo Jaldo. El Ministro Fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, aseguró que las reformas en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán no son una idea de los funcionarios locales: “Estas reformas están destinadas a garantizar la seguridad y tuvieron ese resultado en otras provincias de la República; con esto, la Justicia empieza a dar respuestas”. En este sentido, defendió la independencia del Ministerio Público: “Sin esa condición no es posible la aplicación del procedimiento denominado acusatorio adversarial”. El presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Pablo López Viñals, explicó que el de Tucumán “no es un camino de originalidad sino que es lo que se está haciendo a lo largo y a lo ancho del país, porque esto tiene que ver con la demanda central de la ciudadanía que es afrontar la problemática contra la inseguridad y la lucha contra el delito”. López Viñals subrayó la decisión política de mejorar el sistema acusatorio: “el Gobernador tiene la voluntad de apoyar este tipo de evaluación institucional”.