El 14 de septiembre de 2026, mediante la firma de un Acta Compromiso en las ciudades de Resistencia (Chaco) y Rawson (Chubut), el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal acordaron la creación del Observatorio del Régimen Penal Juvenil (Observatorio RPJ). La iniciativa, suscrita por los presidentes de ambas entidades, el Dr. Jorge Omar Canteros y el Dr. Jorge Luis Miquelarena, representa una estrategia de "federalismo de concertación" diseñada para resolver las asimetrías de información que afectan al sistema de justicia. 

Contexto y Fundamentos Institucionales
La creación del Observatorio RPJ surge para responder a la dispersión normativa y operativa que debilita la respuesta estatal frente al delito juvenil en el país. Siguiendo el modelo institucional del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos, este organismo se establece con el fin de asegurar que las políticas de persecución y defensa se apliquen con criterio de especialidad y uniformidad técnica en toda la Argentina. 
Al integrarse formalmente dentro de la cúpula de la política criminal federal, el Observatorio queda blindado frente a contingencias coyunturales, constituyéndose como una política de Estado orientada a dar continuidad a los diagnósticos e intervenciones. 

Puesta en Marcha y Estructura Organizativa
El diseño del Observatorio contempla un esquema jerárquico de dependencia directa respecto de los Consejos firmantes para asegurar su sostenibilidad política y técnica: 
•    Dirección Especializada: Se designará formalmente una dirección encargada del organismo, proyectando el inicio de sus funciones operativas para el primer trimestre de 2027. 
•    Representación Jurisdiccional: Cada provincia y jurisdicción será invitada a designar representantes jurídicos y técnicos. 
•    Órgano Asesor Interno: El Observatorio funcionará como un órgano consultivo interno para los Ministerios Públicos, concebido para impulsar el cambio de una justicia reactiva hacia una política criminal empírica. 

Funcionamiento Operativo: La Red de Referentes
Para garantizar la llegada efectiva del proyecto a todo el territorio nacional, el acuerdo contempla la activación de la Red de Referentes del Observatorio RPJ, la cual actuará en tres fases consecutivas: 
La primera fase será de designación y formalización Institucional en la que se nombrará a los enlaces jurídicos y técnicos ante el Observatorio por parte de cada Ministerio Público provincial. La segunda fase será de estandarización de canales de reporte e implicará la implementación de protocolos técnicos para garantizar que la información fluya desde las bases operativas al nodo central sin distorsiones. La fase 3 consistirá en el primer relevamiento Federal de diagnóstico, es decir la Ejecución de una consulta nacional sobre recursos disponibles para la presentación del primer informe de recursos institucionales. 
Esta estructura busca visibilizar y coordinar a los especialistas locales para transformar datos primarios aislados en información procesada útil para la toma de decisiones estratégicas. 

Gestión del Conocimiento e Impacto Federal
El pilar central del Observatorio RPJ es la gestión del conocimiento, entendida como el ciclo integral de recepción, procesamiento, análisis, reflexión y difusión de datos. 
Al contemplar la heterogeneidad geográfica de sus miembros, el organismo busca que las recomendaciones de política criminal no resulten abstractas, sino que se adapten a las capacidades y desafíos específicos de cada provincia. La identificación precisa de los déficits en la red de especialistas e infraestructura permitirá optimizar la asignación presupuestaria y los recursos estatales, asegurando una respuesta armónica, especializada y respetuosa de los derechos humanos para los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Acceda al Acta Compromiso AQUÍ

Un curso clave para fortalecer la respuesta judicial frente a la violencia de género
  
Programa de Entrenamiento: “Mejorando la persecución penal y la resocialización en casos de violencia de género en Latinoamérica y el Caribe”
  
Desde el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania junto al Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos de la República Argentina, el cual tiene su ámbito de incumbencia en el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, se invita a participar del  Programa  de Entrenamiento: “Mejorando la persecución penal de casos de violencia de género en Latinoamérica y el Caribe”, a fin de fortalecer el estándar de la debida diligencia reforzada en la materia y por el cual el estado Argentino se ha comprometido.  
Esta iniciativa es el fruto de un proceso de gestión institucional de carácter internacional impulsado por las Co-Directoras del OVG, Dras. Rosana Dottori y Dra Genoveva Cardinali, durante el año 2025 y posteriormente por quien le sucediera a Cardinali, la Dra. Carla Cerliani. Estas gestiones fueron ante la Embajada de la República Federal de Alemania, mediante reuniones sostenidas con la Dra. Astrid Bosch, Directora del Proyecto "Iniciativa América Latina y el Caribe para la Promoción de la Estabilidad, la Democracia y el Orden Internacional Basado en Reglas" y que se concretó con la presentación y aprobación de un plan de implementación que incluyó una preparación para las tutorías.
Cabe destacar que las tutorías del curso serán llevadas exclusivamente por referentes integrantes del OVG y para la gestoría de participantes se ha solicitado colaboración a integrantes de los equipos de los Ministerios Públicos de Chaco, Chubut, Caba, Santa Fe y Mendoza con manejo de plataformas de aprendizaje en línea.
  
DESTINATARIOS/AS DE LA FORMACIÓN
El plan de entrenamiento se encuentra destinado de manera exclusiva a Fiscales/as, personal de las fiscalías y equipos interdisciplinarios que trabajan en las áreas especializadas en violencias de género de los Ministerios Públicos de la República Argentina.

CONTENIDOS
La formación ofrece un enfoque regional, local, práctico y con perspectiva de género, integrando buenas prácticas comparadas de América Latina y el Caribe. 
El programa está estructurado en seis módulos especializados, orientados a fortalecer las capacidades técnicas de los y las participantes: 
•    Toma de denuncias y medidas de protección 
•    Evaluación de riesgos procesales 
•    Salidas alternativas y procedimientos abreviados 
•    Teoría del caso en violencia de género 
•    Litigación con perspectiva de género 
•    Resocialización de personas condenadas 
  
Modalidad, dedicación y certificación
A través de un formato online que incluye tres encuentros sincrónicos, sus participantes examinarán marcos legales relevantes, abordarán desafíos investigativos comunes y explorarán mejores prácticas en la materia. 
Cada módulo contempla una dedicación aproximada de 8 horas, que incluye aula virtual, lecturas especializadas, y foros de discusión. 
Se otorgará certificado de aprobación a quienes obtengan al menos un 70% en las evaluaciones del curso y presencia en encuentros sincrónicos (al menos dos), como así también la participación activa en los foros de cada curso, más la encuesta de retroalimentación.
Por último, cabe destacar que este programa de entrenamiento, es totalmente GRATUITO.

CRONOGRAMA E INSCRIPCIÓN
Inscripción: Del 18/09 al   28/09   
Inicio : 05 de octubre
Apertura ambas Cohortes: 05/10 12hs 

CUPOS LIMITADOS
En esta oportunidad, se les invita a gestionar la inscripción para las Cohortes IV y V a través de sus escuelas de capacitación o áreas pertinentes. El proceso de selección se realizará de manera equitativa entre todas las jurisdicciones según el número de postulantes, con el fin de garantizar la pluralidad de voces y experiencias de los Ministerios Públicos Fiscales de todo el país. Asimismo, dado que el programa de cooperación contempla varias ediciones, se enviarán nuevas invitaciones para próximos ciclos formativos en el transcurso del año.

COHORTE IV
Encuentros Sincrónicos: Lunes 19/10, Lunes 09/11 y Martes 24/11 de 17 a 20hs.
Link de inscripción:
https://forms.gle/KVALy76v7KVDM4eU8
 
COHORTE V
Encuentros Sincrónicos: Martes 13/10, Martes 10/11 y Miércoles 25/11 de 17 a 20 hs.
Link de inscripción: 
https://forms.gle/DV5Rid5eL7oNTcZ58

El Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Dr. Eduardo Urquiza, integró la delegación argentina que participó de la II Reunión de Coordinación Regional para el Combate de los Delitos Ambientales en América Latina y el Caribe (CORLAC), organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
El Dr. Urquiza participó en representación del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y, en particular, de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA). La delegación argentina estuvo conformada además por el Director de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval Argentina, prefecto general Néstor Alberto Kiferling, y la Dra. Romina Hachman, de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA).
El encuentro reunió a representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con el objetivo de intercambiar experiencias, unificar criterios y fortalecer mecanismos de cooperación frente a delitos ambientales de carácter transnacional, mediante una modalidad de taller y trabajo en red.
 Durante su intervención, al Ministerio Público Fiscal le correspondió exponer sobre las dificultades que presenta la persecución penal de los delitos ambientales y marítimos, tomando como referencia experiencias registradas en la provincia vinculadas con la depredación de recursos pesqueros. En particular, se abordaron los obstáculos que genera la ausencia, en el Código Penal vigente, de figuras específicamente adecuadas a determinadas conductas que afectan los recursos naturales.
Sobre este aspecto, se analizó el proyecto de ley ingresado durante el corriente año al Congreso de la Nación en materia de delitos vinculados con la pesca, que propone la tipificación específica de diversas conductas, contempla supuestos agravados cuando los hechos se cometen en zonas especialmente protegidas e incorpora previsiones relativas a la responsabilidad de personas físicas y jurídicas y al decomiso de los bienes vinculados con la actividad ilícita.
Asimismo, se destacó la particular naturaleza de los delitos ambientales, en tanto comprometen derechos de incidencia colectiva, cuya afectación no se limita a una víctima individualmente determinada, sino que puede proyectar sus consecuencias sobre la comunidad y las generaciones futuras.
La participación permitió, además, intercambiar experiencias con representantes de otros países de América Latina acerca de las principales problemáticas ambientales de cada región y fortalecer los canales de cooperación y trabajo conjunto entre fiscalías, autoridades marítimas y organismos especializados.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa que había declarado inconstitucional el mínimo de cuatro años de prisión previsto para un caso de abigeato agravado. El recurso extraordinario había sido impulsado por los fiscales generales Máximo Paulucci y Guillermo Sancho y el fiscal Facundo Bon Dergham.