La NECESIDAD de TRAER A LOS JUECES EL CONOCIMIENTO, la prueba objetiva, concreta, basada en la ciencia para impartir justicia en base a la demostración es: una necesidad común. LA CONVENIENCIA estuvo dada en la posibilidad de contar, a la largo y a lo ancho del país, con centros especializados y de complejidad, que permitan a los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos tener al alcance -y bajo su órbita- aquello que de otro modo y tal como ocurre, solo era accesible solicitando la intervención de Cuerpos Periciales, Universidades y/o prestadores Privados; todos concentrados en la Ciudad de Buenos Aires. Con el consiguiente dispendio de TIEMPO (tan importante para el sistema y para el justiciable) y de RECURSOS (largas distancias, aranceles costos), como también con el siempre latente RIESGO DE PERDIDA DE LA CADENA DE CUSTODIA. Conscientes, todos los miembros del Ministerio Público, de que el mérito, oportunidad y conveniencia de determinadas políticas, no concitan en los ámbitos provinciales el mismo interés y no existen -obviamente- recursos presupuestarios suficientes; se decidió presentar la idea, como lo que realmente era: UN PROYECTO FEDERAL ORGANIZADO REGIONALMENTE. EL PRIMER PROYECTO FEDERAL DESTINADO AL SERVICIO DE JUSTICIA.
